Soluciones legales para una convivencia armoniosa y una gestión eficaz

Depende del tipo de acuerdo. Los acuerdos ordinarios se adoptan por mayoria simple de propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación. Para obras de mejora o modificación de elementos comunes se requiere, con carácter general, el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Sí. La Ley de Propiedad Horizontal permite impugnar judicialmente los acuerdos de la junta de propietarios cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o causen un grave perjuicio a un propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o hayan sido adoptados con abuso de derecho.

No obstante, no todos los propietarios pueden impugnar un acuerdo en cualquier circunstancia. La ley establece requisitos de legitimación, condiciones para ejercitar la acción y plazos de caducidad, por lo que conviene analizar el acuerdo y las circunstancias concretas de su adopción antes de iniciar una impugnación.

Con carácter general, los propietarios deben contribuir a los gastos de conservación, reparación y mantenimiento de los elementos comunes conforme a su cuota de participación o al sistema de distribución de gastos que resulte aplicable en la comunidad.

No obstante, no todas las obras tienen el mismo régimen jurídico. La Ley de Propiedad Horizontal distingue, entre otros supuestos, las obras necesarias de conservación, determinadas actuaciones obligatorias —como algunas relacionadas con la accesibilidad— y las mejoras acordadas por la comunidad. La obligación de pago y los requisitos para su aprobación pueden variar en función de la naturaleza de la actuación, su coste y las circunstancias concretas de la comunidad.

Por ello, antes de determinar quién debe asumir una obra o derrama, es necesario examinar qué tipo de actuación se pretende realizar, el título constitutivo y los estatutos de la comunidad, así como el acuerdo adoptado por la junta de propietarios.

Sí. La comunidad de propietarios puede reclamar las cantidades adeudadas por un propietario en concepto de gastos comunes, tanto ordinarios como extraordinarios, así como las cantidades correspondientes al fondo de reserva. La Ley de Propiedad Horizontal prevé expresamente la posibilidad de acudir al procedimiento monitorio para reclamar estas deudas.

Para iniciar este procedimiento deben cumplirse determinados requisitos, entre ellos acreditar la deuda mediante el correspondiente certificado de liquidación y la notificación al propietario deudor en los términos legalmente previstos. La reclamación puede comprender, en los supuestos establecidos por la ley, intereses y determinados gastos y costes derivados de la reclamación.

Cuando los ruidos u otras actividades desarrolladas en una vivienda o local resulten molestos, dañosos para la finca, estén prohibidos por los estatutos o contravengan la normativa aplicable, la Ley de Propiedad Horizontal permite a la comunidad adoptar medidas para lograr su cesación.

El presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de un propietario u ocupante, puede requerir formalmente al responsable para que cese la actividad. Si esta continúa, la comunidad, previa autorización de la junta de propietarios, puede ejercitar la correspondiente acción judicial de cesación.

Antes de iniciar actuaciones resulta conveniente valorar la naturaleza y reiteración de las molestias, la prueba disponible y las circunstancias concretas del caso para determinar la vía más adecuada