La separación y el divorcio producen efectos jurídicos diferentes. La separación supone el cese de la convivencia matrimonial y suspende la vida en común de los cónyuges, pero no disuelve el matrimonio. Por ello, las personas separadas continúan casadas y no pueden contraer un nuevo matrimonio.

El divorcio, en cambio, sí produce la disolución del vínculo matrimonial y permite a los antiguos cónyuges volver a casarse. Tanto la separación como el divorcio pueden tramitarse de mutuo acuerdo o por vía contenciosa y, cuando existen hijos o cuestiones económicas comunes, será necesario regular las medidas correspondientes, como la guarda y custodia, el régimen de visitas, las pensiones o el uso de la vivienda familiar.

La elección entre separación y divorcio dependerá de las circunstancias y objetivos de cada familia, por lo que conviene valorar previamente las consecuencias jurídicas y patrimoniales de cada opción.

La custodia de los hijos se determina atendiendo, ante todo, al interés superior del menor. Puede establecerse un régimen de custodia compartida o atribuirse la custodia a uno de los progenitores, en función de las circunstancias concretas de cada familia.

Para determinar el régimen más adecuado se valoran, entre otros factores, la relación de los hijos con cada progenitor, su disponibilidad y capacidad para atenderlos, la organización familiar existente, la proximidad de los domicilios y centros escolares y, cuando proceda, la opinión de los propios menores.

Los progenitores pueden alcanzar un acuerdo sobre estas medidas. Si no existe acuerdo, será el juez quien determine el régimen de guarda y custodia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y el bienestar de los hijos.

La pensión de alimentos de los hijos no se determina mediante una cantidad fija aplicable a todos los casos. Su importe debe establecerse teniendo en cuenta las necesidades de los hijos y los medios económicos de ambos progenitores, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

Para fijar su cuantía pueden valorarse, entre otras circunstancias, los ingresos y recursos de los progenitores, las necesidades ordinarias de los hijos, su edad, los gastos de educación, vivienda y manutención, así como el régimen de guarda y custodia establecido.

La pensión puede fijarse de común acuerdo dentro del convenio regulador o, cuando no exista acuerdo, ser determinada judicialmente. Si posteriormente se produce una variación sustancial de las circunstancias económicas o familiares, puede estudiarse la posibilidad de solicitar una modificación de la pensión de alimentos.

Sí. Las medidas adoptadas en una sentencia de separación o divorcio pueden modificarse cuando se produce una variación relevante de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta al establecerlas.

La modificación puede afectar, entre otras cuestiones, a la guarda y custodia, el régimen de visitas, la pensión de alimentos o la pensión compensatoria, siempre que concurran los requisitos legales aplicables a la medida que se pretende revisar.

Cuando existe acuerdo entre las partes, la modificación puede solicitarse de mutuo acuerdo. Si no lo hay, será necesario acudir al correspondiente procedimiento de modificación de medidas, acreditando las circunstancias que justifican la revisión.

Por ello, antes de iniciar el procedimiento conviene analizar si el cambio producido tiene suficiente relevancia jurídica y qué documentación y pruebas permiten acreditarlo.

Cuando un divorcio presenta elementos internacionales —por ejemplo, porque los cónyuges tienen distintas nacionalidades, residen en países diferentes o han trasladado su residencia de un Estado a otro— es necesario determinar, antes de iniciar el procedimiento, qué tribunales son competentes y qué ley resulta aplicable.

La dimensión internacional también puede afectar a cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental, guarda y custodia de los hijos, pensiones de alimentos, régimen económico matrimonial o al reconocimiento y ejecución en España de resoluciones dictadas en otros países.

En estos casos resulta especialmente importante analizar desde el inicio las circunstancias personales y familiares, los países implicados y la normativa internacional y europea aplicable, ya que la existencia de vínculos con varios Estados puede condicionar tanto el procedimiento como sus efectos.

No existe una opción mejor para todos los casos. El divorcio de mutuo acuerdo suele permitir a los cónyuges definir conjuntamente las medidas familiares y económicas, con mayor control sobre el resultado y, por lo general, con menor duración y conflictividad.

Sin embargo, el acuerdo solo es aconsejable si protege adecuadamente los intereses implicados y existe una base suficiente para negociar. Cuando no es posible alcanzar un convenio equilibrado, hay desacuerdos relevantes o resulta necesario solicitar medidas de protección, puede ser preciso acudir a un procedimiento contencioso. Conviene valorar las circunstancias familiares, patrimoniales y procesales antes de decidir la vía.

El uso de la vivienda familiar y la propiedad del inmueble son cuestiones distintas. Tras el divorcio, el uso puede atribuirse atendiendo a las circunstancias del caso, especialmente a las necesidades de los hijos menores y al régimen de guarda y custodia, sin que ello modifique por sí solo la titularidad de la vivienda.

También deben analizarse la existencia de hipoteca, el régimen económico matrimonial, la posible copropiedad y los gastos asociados al inmueble. La solución puede acordarse en el convenio regulador o ser establecida judicialmente si no existe acuerdo, por lo que es importante estudiar conjuntamente sus efectos familiares y patrimoniales.