DERECHO URBANÍSTICO

Seguridad jurídica para desarrollar, transformar y proteger su proyecto.

Asesoramos a particulares, propietarios y empresas en cuestiones urbanísticas, desde el análisis previo de la situación de un inmueble o terreno hasta la tramitación administrativa y la defensa de sus intereses frente a la Administración.

El territorio también tiene sus reglas

DERECHO URBANÍSTICO EN ALICANTE

Cualquier actuación sobre un inmueble o terreno está condicionada por su situación urbanistica, el planeamiento aplicable y las autorizaciones administrativas que puedan resultar necesarias.

Analizamos el marco jurídico de cada proyecto para identificar condicionantes, anticipar riesgos y determinar las actuaciones necesarias antes de tomar decisiones con consecuencias patrimoniales o administrativas.

¿En que podemos ayudarle?

01

Planeamiento y situación urbanística

Análisis de la clasificación y calificación del suelo, planeamiento aplicable y condiciones urbanísticas que afectan a terrenos e inmuebles

02

Informes y viabilidad urbanística​

Análisis juridico previo de proyectos, terrenos o inmuebles para conocer su situación urbanística, sus posibilidades de actuación y los riesgos existentes.

03

Licencias y autorizaciones urbanísticas

Asesoramiento en la solicitud, tramitación y seguimiento de licencias, declaraciones responsables y demás titulos habilitantes necesarios para actuaciones urbanisticas.

04

Conflictos urbanísticos

Asesoramiento y defensa en controversias relacionadas con la propiedad, los límites de fincas, construcciones, obras y otras cuestiones con incidencia urbanística, tanto entre particulares como frente a la Administración.

 

05

Disciplina y sanciones urbanísticas

Asesoramiento y defensa ante expedientes de restauración de la legalidad urbanística, órdenes de paralización, legalización o demolición y procedimientos sancionadores.

 

OTROS ÁMBITOS RELACIONADOS

Para determinados asuntos contamos con áreas de especialización especificas.

Antes de actuar sobre
un inmueble, conviene conocer qué permite
el planteamiento.

Una decisión urbanística puede condicionar el uso, transformación o valor de un inmueble durante años. Por ello, el análisis jurídico previo puede resultar tan importante como la propia tramitación administrativa.

Estudiamos la normativa y el planeamiento aplicables, la situación administrativa del inmueble y los posibles condicionantes del proyecto para definir la estrategia juridica antes de iniciar una actuación.

Analizamos la situación, los intereses en juego, los riesgos y las posibles vías de actuación antes de definir una estrategia.

Tramitación administrativa

Gestionamos y acompañamos la tramitación de procedimientos urbanísticos ante las Administraciones Públicas, realizando el seguimiento del expediente y las actuaciones necesarias para la defensa de sus intereses.

Asesoramos y acompañamos al cliente durante la tramitación y evolución del asunto, adaptando la estrategia a sus circunstancias.

Cuando la vía extrajudicial no permite alcanzar una solución adecuada, defendemos los intereses del cliente ante los tribunales.

CONTACTO

Hablemos de su caso

Cuéntenos su situación y le ofrecemos un asesoramiento jurídico personalizado.

Atención presencial y por videoconferencia.
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PREGUNTAS FRECUENTES

Resolvemos sus dudas más habituales

Sí. Antes de adquirir un terreno o inmueble es recomendable conocer su situación urbanística, el planeamiento aplicable y las posibles limitaciones que puedan afectar a su uso, transformación o edificación.

El análisis previo permite comprobar si el inmueble se ajusta a la legalidad urbanística, conocer qué actuaciones pueden realizarse y qué autorizaciones pueden resultar necesarias, así como detectar posibles expedientes, afecciones o circunstancias que puedan condicionar la operación.

Esta revisión puede resultar especialmente importante cuando la compra se realiza con la intención de construir, reformar, ampliar o destinar el inmueble a un uso determinado, ya que la adquisición de una propiedad no garantiza por sí sola la viabilidad urbanística del proyecto.

Cuando una obra o construcción no se ajusta a la normativa o al planeamiento urbanístico aplicable, la Administración puede iniciar actuaciones dirigidas a restablecer la legalidad urbanística y, en su caso, un procedimiento sancionador.

Las consecuencias dependerán de las circunstancias concretas y de la situación jurídica de la actuación. En determinados casos puede ser posible adoptar medidas para su legalización, mientras que en otros pueden acordarse medidas de restauración de la realidad física alterada.

Por ello, resulta importante analizar la normativa y el planeamiento aplicables, las autorizaciones existentes, la situación de la construcción y el contenido de cualquier actuación administrativa iniciada, para determinar las opciones jurídicas disponibles.

Cuando una obra, construcción o actuación realizada por un vecino afecta a una propiedad, es necesario analizar tanto su situación urbanística como los derechos de los propietarios implicados.

Dependiendo del caso, puede ser necesario comprobar las licencias o autorizaciones existentes, el planeamiento aplicable y los límites y derechos sobre las propiedades, así como valorar las actuaciones que pueden realizarse ante el vecino o ante la Administración.

La vía adecuada dependerá de la naturaleza del conflicto y puede incluir negociación, actuaciones administrativas o, cuando resulte necesario, acciones judiciales para la protección de sus derechos.

Sí. Dependiendo de la naturaleza del conflicto y de las partes implicadas, puede ser posible alcanzar una solución sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial.

Cuando la controversia se produce entre particulares, pueden valorarse vías como la negociación, la mediación, la conciliación u otros medios adecuados de solución de controversias (MASC). Si interviene una Administración Pública, será necesario analizar las vías administrativas disponibles y las particularidades del procedimiento aplicable.

La elección de la vía adecuada requiere valorar el origen del conflicto, los intereses en juego y las posibilidades reales de alcanzar una solución, reservando la litigación para aquellos casos en los que resulte necesaria para la defensa de sus derechos.