Abogados penalistas en Alicante

Es importante comprobar en qué condición ha sido citado, qué órgano judicial realiza la citación, el procedimiento al que se refiere y la fecha señalada. Las consecuencias y los derechos que le asisten varían según comparezca como investigado, acusado, testigo, perjudicado u otra parte del procedimiento. Si la citación está relacionada con la posible atribución de un delito, es recomendable obtener asesoramiento jurídico antes de comparecer y preparar adecuadamente la actuación procesal. La persona investigada tiene derecho de defensa desde que se le atribuye un hecho punible y, entre otros derechos, puede conocer los hechos que se le atribuyen y ser asistida por abogado.

No. La persona investigada tiene derecho a guardar silencio, a no prestar declaración si no desea hacerlo, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas y a no declarar contra sí misma ni confesarse culpable. También tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, examinar las actuaciones en los términos previstos legalmente y contar con asistencia letrada. La conveniencia de declarar o acogerse al derecho a guardar silencio debe valorarse atendiendo a las circunstancias concretas del procedimiento y a la estrategia de defensa.

Son situaciones procesales diferentes. Investigado es quien está sometido a una investigación penal porque se le atribuye la posible participación en un hecho delictivo, sin que ello implique culpabilidad. De forma general, hablamos de acusado cuando, finalizada la fase de investigación, se formula una acusación y se solicita la apertura de juicio oral frente a esa persona. Condenado es quien ha recibido una sentencia condenatoria; ahora bien, una sentencia puede todavía ser susceptible de recurso, por lo que condena y condena firme no son conceptos equivalentes.

En todas las fases debe respetarse la presunción de inocencia mientras no exista una condena firme.

La víctima puede denunciar los hechos y, cuando proceda, personarse en el procedimiento penal y ejercer la acción penal y la acción civil para participar activamente en el proceso y reclamar la reparación correspondiente. También puede aportar información y fuentes de prueba relevantes para esclarecer los hechos. La forma de intervención y los derechos concretos dependerán de las circunstancias del delito y del procedimiento.

No. Muchas infracciones de tráfico tienen naturaleza administrativa y pueden dar lugar a una sanción sin constituir un delito. Sin embargo, determinadas conductas especialmente graves están tipificadas como delitos contra la seguridad vial, entre ellas ciertos excesos de velocidad, la conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas en los supuestos previstos legalmente, la negativa a determinadas pruebas o ciertas conductas relacionadas con la conducción sin permiso. Es necesario analizar los hechos concretos para determinar si estamos ante una infracción administrativa o ante un procedimiento penal.

Sí, determinadas resoluciones y sentencias penales pueden ser recurridas, pero el recurso disponible, sus motivos y el plazo para interponerlo dependen del tipo de resolución, del procedimiento seguido y del órgano que la haya dictado. La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla, entre otros, recursos de reforma, apelación y casación en los supuestos legalmente previstos. Por ello, cuando se recibe una resolución penal conviene examinarla cuanto antes para determinar si es recurrible y qué vía de impugnación procede.